Por: Sonia de Anda

TIJUANA.- El Consejo Coordinador Empresarial interpuso éste viernes un amparo ante un juez de Distrito con el que se busca detener cualquier acto que pueda realizar el gobierno de Baja California en materia de refinanciamiento de la deuda pública del estado, o para poner en marcha los proyectos de las Asociaciones Público Privadas de la desaladora de Rosarito o el Bulevar Zapata.

El especialista Adolfo Solís Farías, asesor de este órgano empresarial destacó que el viernes quedó interpuesto el amparo en contra del decreto 335 que aprobó el pasado 28 de marzo el Congreso del estado en el que se autorizaba el refinanciamiento de la deuda pública estatal por más de 100 mil millones de pesos, además de que también se aprobaban los dos proyectos de APP.

“Lo que queremos decirle al Juez es que este decreto está indebidamente confeccionado, hay errores manifiestos que pueden poner en riesgo las arcas gubernamentales, pedimos que en esencia detengas los actos de ejecución, que el secretario de finanzas y el gobernador se abstengan de llevar a cabo cualquier tipo de contratación, cualquier tipo de convenio o contratación, o celebración de fideicomiso o cualquier otro tipo de acto o actividad que comprometa tanto las finanzas del estado, las participaciones o los impuestos”, expresó.

Indicó que a pesar de que desde noviembre las mesas técnicas de trabajo que han sostenido con el gobierno estatal para revisar el quebranto financiero del estado, han sido productivas, las explicaciones que hasta el momento ha ofrecido el Estado no han sido suficientes.

“Si bien hemos celebrado mesas de trabajo que han sido muy productivas, no hemos visto una constante de cambio, hemos visto que el decreto se ha mantenido, incluso han avanzado y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es garantizar que se manejen con transparencia, si determina que está mal como lo pensamos, naturalmente se frenará y quedará en algunos rubros quizás limitado o en quizá en su totalidad”, mencionó.

El fiscalista destacó que el próximo martes esperan que el juzgado primero de Distrito en materia de amparo y juicio federales en Tijuana determine si de manera inmediata suspende los actos que pueda realizar el gobernador o la secretaría de Finanzas basados en la autorización del Congreso local.

“Un país que tiene transparencia, un país que tiene buen manejo de recursos públicos es un país desarrollado, si queremos empezar a cambiar debemos empezar a cambiar naturalmente por nosotros mismos y la forma de demostrarlo, la forma en que el Consejo Coordinador Empresarial ejercer su acción es mediante este mecanismo, ojalá y sea de interés”, externó.

Y agregó “vamos a esperar el martes que se emite el acuerdo admisorio, si nos conceden la suspensión provisional para efecto de que se detengan todos los actos que pueda llevar a cabo el gobernador o el secretario de finanzas y si lo logramos, prácticamente va a tener que ir pensando el gobierno del Estado en algún mecanismo mucho más eficaz para corregir esto, ellos tienen la opción de corregirlo, si lo corrigen desde ahorita pueden pedirle al juez que se sobresea la causa con el propósito de decirle sabes que si aceptamos que hay un error, pero ya lo corregimos y creo que eso no dejaría muy satisfechos”.

Fuente: uniradioinforma.com

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